Ley 24.240 Defensa del Consumidor

 

 

viii. Servicios públicos domiciliarios
La luz, el gas, el teléfono o el agua son servicios públicos, es decir, servicios esenciales para la comunidad que deben prestarse bajo condiciones que aseguren su regularidad, su continuidad, su eficiencia. La ley de Defensa del Consumidor también se ocupa de estos servicios públicos domiciliarios, justamente para asegurar que su prestación sea acorde a estos principios. Para ello establece una serie de condiciones que deben cumplir las empresas.

Sin embargo,la ley dice que a estos servicios, recientemente privatizados y controlados por los llamados Entes Reguladores, se le apli-cará la legislación específica que exista para ellos, que está contenida en cada uno de los reglamentos de servicio.

Y sólo en caso que un problema no esté contemplado por estos reglamentos, entonces se aplicará la ley de Defensa del Consumidor.

¿Qué contiene entonces esta ley sobre los servicios públicos domiciliarios?

Establece que las empresas deben proveer al consumidor de in-formación escrita sobre sus derechos y obligaciones, en donde consten las condiciones de prestación del servicio. Se refiere a los reglamentos de servicios, información que deberá estar a disposición de los consumidores en todas las oficinas de las empresas prestadoras de cada uno de ellos.

Además, deben otorgar a los usuarios reciprocidad de trato.

Germán, por un error involuntario, pagó la factura de teléfono después del vencimiento. La empresa de teléfonos le aplicó un interés del 1,6 % por ese retraso. Al mes siguiente, la empresa de teléfonos le informa que le han cobrado de más, por lo que le reintegrarán ese dinero, pagando un interés del 1 %. ¿Pueden hacerlo?

No. La ley establece que las em-presas deben aplicar a los reintegros a los usuarios los mismos criterios que se establezcan para los cargos por mora que cobra la empresa. En nuestro ejemplo, si la em-presa cobra un 1,6 % de interés por mora, debe pagar un 1,6 % por la devolución del dinero mal cobrado al usuario.
Y si las tasas de recargo son muy elevadas, las autoridades pueden intervenir para corregir los excesos.


      ARTICULO 25º.- Constancia Escrita. Información al Usuario. Las empresas prestadoras de servicios públicos a domicilio deben entregar al usuario constancia escrita de las condiciones de la prestación de los derechos y obligaciones de ambas partes contratantes. Sin perjuicio de ello, deben mantener tal información a disposición de los usuarios en todas las oficinas de atención al público.
Los servicios públicos domiciliarios con legislación específica y cuya actuación sea controlada por los organismos que ella contempla, serán regidos por esas normas, aplicándose la presente ley supletoriamente.


        ARTICULO 26º.- Reciprocidad en el Trato. Las empresas indicadas en el artículo anterior deben otorgar a los usuarios reciprocidad de trato, aplicando para los reintegros o devoluciones los mismos criterios que establezcan para los cargos por mora.


La Sra. Martínez debe verificar que la factura le llegue con anticipación al vencimiento de la fecha de pago; en caso de que no fuese así, podrá asentar el reclamo pertinente en el registro respectivo de la empresa de la cual se trate.

Las empresas deben llevar un registro de reclamos, y responderlos en un plazo de 10 días corridos y también informar a los usuarios sobre las condiciones de seguridad de instalaciones y artefactos, en aquellos casos en que se requieran instalaciones específicas.

      ARTICULO 27º.- Supuestos no incluidos en el Presupuesto. Todo servicio, tarea o empleo material o costo adicional, que se evidencie como necesario durante la prestación del servicio y que por su naturaleza o características no pudo ser incluido en el presupuesto original, deberá ser comunicado al consumidor antes de su realización o utilización. Queda exceptuado de esta obligación el prestador de servicios que por la naturaleza del mismo, no pueda interrumpirlo sin afectar su calidad o sin daño para las cosas del consumidor.


Las autoridades, es decir los Entes Reguladores, están facultadas para intervenir enla verificación del buen funcionamiento de los instrumentos de medición de los consumos. Sin perjuicio de ésto, las empresas deben garantizar al usuario el control individual de los consumos.

Norma debe poder, en consecuencia, acceder a su medidor para verificar si el mismo funciona correctamente. En caso de fallas debe hacer el reclamo en la empresa prestadora del servicio público.

      ARTICULO 28º.- Seguridad de las Instalaciones. Información. Los usuarios de servicios públicos que se prestan a domicilio y requieren instalaciones específicas, deben ser convenientemente informados sobre las condiciones de seguridad de las instalaciones y de los artefactos.


        ARTICULO 29º.- Instrumentos y Unidades de Medición. La autoridad competente queda facultada para intervenir en la verificación del buen funcionamiento de los instrumentos de medición de energía, combustibles, comunicaciones, agua potable o cualquier otro similar, cuando existan dudas sobre las lecturas efectuadas por las empresas prestadoras de los respectivos servicios. Tanto los instrumentos como las unidades de medición, deberán ser los reconocidos y legalmente autorizados. Las empresas prestatarias garantizarán a los usuarios el control individual de los consumos. Las facturas deberán ser entregadas al usuario con no menos de diez (10) días de anticipación a la fecha de su vencimiento.


Si el servicio sufre una interrupción, la ley presume que se debe a una falla de la empresa. Realizado el reclamo por parte del usuario, la empresa tiene 30 días para demostrar que no tiene la culpa de la interrupción. Si no lo hace, tiene la obligación de devolver al usuario el monto total del servicio no prestado, sea en efectivo o deduciéndolo de la siguiente factura.

El usuario puede interponer su reclamo hasta 15 días después de la fecha de vencimiento de la factura.

      ARTICULO 30º.- Interrupción de la Prestación del Servicio. Cuando la prestación del servicio público domiciliario se interrumpa o sufra alteraciones, se presume que es por causa imputable a la empresa prestadora. Efectuado el reclamo por el usuario, la empresa dispone de un plazo máximo de treinta (30) días para demostrar que la interrupción o alteración no le es imputable. En caso contrario, la empresa deberá reintegrar el importe total del servicio no prestado dentro del plazo establecido precedentemente. Esta disposición no es aplicable cuando el valor del servicio no prestado sea deducido de la factura correspondiente. El usuario puede interponer el reclamo desde la interrupción o alteración del servicio y hasta los quince (15) días posteriores al vencimiento de la factura.

      ARTICULO 31º.- Facturación de Consumo Excesivo. Cuando una empresa de servicio público domiciliario facture en un período un importe que exceda en un cincuenta por ciento (50 %) el promedio de consumo efectivo del usuario en los doce (12) meses inmediatos anteriores, se presume error en la facturación.
En tal caso, el usuario debe abonar únicamente el valor de dicho consumo promedio.
A los efectos de ejercer este derecho el usuario deberá presentar, hasta diez (10) días después del vencimiento de la factura en cuestión, las correspondientes al período de doce (12) meses inmediatos anteriores a la objetada.
En tal caso que la empresa prestadora reclamare el pago de una suma indebida, la misma deberá indemnizar al usuario con un crédito idéntico al reclamado indebidamente el que deberá hacerse efectivo en la factura inmediata siguiente.
La empresa prestadora dispondrá de un plazo de treinta (30) días a partir del reclamo del usuario para acreditar que el consumo facturado fue efectivamente realizado, en cuyo caso tendrá derecho a reclamar el pago de la diferencia adeudada con más los intereses legales correspondientes. En caso contrario, el pago efectuado tiene efectos cancelatorios. (*)
La autoridad de aplicación intervendrá en los casos en que los recargos por mora en facturas de servicios públicos pagados fuera de término, fuesen excesivamente elevadas en relación a las tasas activas vigentes en el mercado.
(*) Vetado




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