Ley 24.240 Defensa del Consumidor

 

 

xii. Autoridad de aplicación de la ley
El órgano de control y cumplimiento de esta ley es la Secretaría de Industria y Comercio. Sin perjuicio de ésto, los gobiernos de las provincias y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires actuarán como autoridades locales que deberán hacer cumplir la ley. También podrán actuar en forma conjunta.


      ARTICULO 41º.- Aplicación Nacional y Local. la secretaría de Industria y Comercio será la autoridad de aplicación de la presente ley. los gobiernos provinciales y la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires actuarán como autoridades locales de aplicación ejerciendo el control y vigilancia sobre el cumplimiento de la presente ley y sus normas reglamentarias respecto a los hechos sometidos a su jurisdicción. Las provincias, en ejercicio de sus atribuciones, podrán delegar sus funciones en organismos de su dependencia o en los gobiernos municipales.

      ARTICULO 42º.- Funciones Concurrentes. La autoridad nacional de aplicación, sin perjuicio de las funciones que se encomiendan a las autoridades locales de aplicación en el artículo 41 de la presente ley, podrá actuar concurrentemente en la vigilancia, contralor o juzgamiento de la misma, aunque las presuntas infracciones ocurran exclusivamente en el ámbito de las provincias o de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.


Para ello puede realizar las siguientes tareas:
• Reglamentar la ley de defensa del consumidor.
• Llevar un registro de asociaciones de consumidores.
• Realizar inspecciones y pericias.
• Solicitar informes a entidades públicas o privadas.
• Celebrar audiencias conciliatorias con la participación de los consumidores damnificados, los presuntos infractores, testigos y peritos.
• La aplicación de multas si se comprueban las infracciones.
• Pedir el auxilio de las fuerzas policiales para cumplir su cometido.
• En general, deben velar por el cumplimiento de la ley, aplicar las sanciones en casos de incumplimiento y actuar como organismo receptor de reclamos de los consumidores.


      ARTICULO 43º.- Facultades y Atribuciones. La Secretaría de Industria y Comercio, sin perjuicio de las funciones específicas, en su carácter de autoridad de aplicación de la presente ley tendrá las siguientes facultades y atribuciones:
a) proponer el dictado de la reglamentación de esta ley y elaborar políticas tendientes a la defensa del consumidor e intervenir en su instrumentación mediante el dictado de las resoluciones pertinentes;
b) mantener un registro nacional de asociaciones de consumidores;
c) recibir y dar curso a las inquietudes y denuncias de los consumidores;
d) disponer la realización de inspecciones y pericias vinculadas con la aplicación de esta ley;
e) solicitar informes y opiniones a entidades públicas y privadas en relación con la materia de esta ley;
f) disponer de oficio o a requerimiento de parte la celebración de audiencias con la participación de denunciantes damnificados, presuntos infractores, testigos y peritos.
La Secretaría de Industria y Comercio podrá delegar, de acuerdo con la reglamentación que dicte, en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires o gobiernos provinciales las facultades mencionadas en los incisos c), d) y f) de este artículo.



      ARTICULO 44º.- Auxilio de la Fuerza Pública. Para el ejercicio de las atribuciones a que se refieren los incisos d) y f) del artículo 43 de la presente ley, la autoridad de aplicación podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública.


La Secretaría de Industria y Comercio deberá tomar los reclamos de los consumidores y realizar los trámites correspondientes para conseguir una solución a los mismos.

Ello incluye la citación de consumidores y proveedores a audiencias y la recepción de pruebas, hecho lo cual, dentro de los 20 días deben dictar una resolución.


      ARTICULO 45º.- Actuaciones Administrativas. La autoridad nacional de aplicación iniciará actuaciones administrativas en caso de presuntas infracciones a las disposiciones de la presente ley, sus normas reglamentarias y resoluciones que en consecuencia se dicten, de oficio o por denuncia de quien invocare un interés particular o actuare en defensa del interés general de los consumidores. Previa instancia conciliatoria, se procederá a labrar acta en la que se dejará constancia del hecho denunciado o verificado y de la dispo-sición presuntamente infringida.
En la misma acta se dispondrá agregar la documentación acompañada y citar al presunto infractor para que, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, presente por escrito su descargo y ofrezca las pruebas que hacen su derecho.
Si se tratare de un acta de inspección, en que fuere necesaria una comprobación técnica posterior a los efectos de la determinación de la presunta infracción y que resultare positiva, se procederá a notificar al presunto responsable la infracción verificada, intimándolo para que en el plazo de cinco (5) días hábiles subsane la omisión bajo apercibimiento de tenerlo por no presentado.
La constancia del acta labrada conforme a lo previsto en este artículo, así como las comprobaciones técnicas que se dispusieren, constituirán prueba suficiente de los hechos así comprobados, salvo en los casos en que resulten desvirtuados por otras pruebas.
Las pruebas se admitirán solamente en casos de existir hechos controvertidos y siempre que no resulte manifiestamente inconducentes. Contra la resolución que deniegue medidas de prueba sólo se concederá el resurso de reconsideración. La prueba deberá producirse entre el término de diez (10) días hábiles, prorrogables cuando haya causas justificadas, teniéndose por desistidas aquellas no producidas dentro de dicho plazo por causa imputable al infractor.
En el acta prevista en el presente artículo, así como en cualquier momento durante la tramitación del sumario, la autoridad de aplicación podrá ordenar como medida preventiva el cese de la conducta que se reputa en violación de esta ley y sus reglamentaciones.
Concluidas las diligencias sumariales, se dictará la resolución definitiva dentro del término de veinte (20) días hábiles.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, la autoridad de aplica-ción gozará de la mayor aptitud para disponer medidas técnicas, admitir pruebas o dictar medidas de no innovar.
Contra los actos administrativos que dispongan sanciones se podrá recurrir por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, o ante las cámaras federales de apelaciones con asiento en las provincias, según corresponda de acuerdo al lugar de comisión del hecho.
El recurso deberá imponerse ante la misma autoridad que dictó la resolución, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada y será concedido en relación y con efecto suspensivo, excepto cuando se hubiere denegado medidas de prueba, en que será concedido libremente.
Las provincias, dictarán las normas referidas a la actuación de las autoridades administrativas locales, estableciendo un régimen de procedimiento en forma compatible con el de sus respectivas constituciones.



      ARTICULO 46º.- Incumplimiento de Acuerdos Conciliatorios. El incumplimiento de los acuerdos conciliatorios se considerará violación a esta ley. En tal caso, el infractor será pasible de las sanciones establecidas en la presente, sin perjuicio del cumplimiento imperativo de las obligaciones que las partes hubieran acordado.




Si la Secretaría resuelve que existió una violación a esta ley, puede aplicar las siguientes sanciones:

• apercibimientos;
• multas de 500 a 500.000 pesos;
• decomiso de mercaderías y productos;
• clausura del establecimiento o suspensión del servicio por un plazo de hasta 30 días;
• suspensión de hasta 5 años del registro de proveedores del Estado;
• la pérdida de regímenes o privilegios.

Lamentablemente el dinero de las multas no va a parar al consumidor perjudicado, sino que ingresa a las arcas del Tesoro. El consumidor, entonces, no tendrá una reparación del daño a menos que ini-cie un juicio (pero incluso en este caso, el juez puede entender que el consumidor no tiene razón).

Si alguien realiza una denuncia falsa o inexistente podrá sufrir una sanción como las mencionadas arriba.


      ARTICULO 47º.- Sanciones. Verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan cometido se harán pasibles de las siguientes sanciones, las que podrán aplicar independientemente o conjuntamente, según resulte de las circunstancias del caso:
a) apercibimiento.
b) multa de quinientos pesos ($ 500) a quinientos mil pesos ($ 500.000), has-ta alcanzar el triple de la ganancia o beneficio ilegal obtenido por la infracción;
c) decomiso de las mercancías y productos objetos de la infracción;
d) clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un plazo de hasta treinta (30) días;
e) suspensión de hasta cinco (5) años en los registros de los proveedores que posibilitan contratar con el estado;
f) la pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que se gozare.
En todos los casos, se dispondrá la publicación de la resolución condenatoria, a costa del infractor en el diario de mayor circulación de la jurisdicción donde se cometió la infracción.



      ARTICULO 48º.- Denuncias Maliciosas. Quienes presentaren denuncias mali-ciosas o sin justa causa ante la autoridad de aplicación, serán sancionados según lo previsto en los incisos a) y b) del artículo anterior, sin perjuicio de las que pudieren corresponder por aplicación de las normas civiles y penales.




Si el proveedor es sancionado en reiteradas oportunidades dentro del término de tres años, esa reincidencia se tendrá en cuenta para determinar el grado de la sanción a aplicar, que evidentemente deberá ser mayor.

Por ejemplo, la empresa «Pirulito» ha recibido ya dos multas de 500 pesos por no entregar mercadería en la fecha indicada, y vuelve a no cumplir, esta vez la sanción deberá ser mayor teniendo en cuenta que es reincidente.
Los consumidores tenemos un plazo de tres (3) años para realizar un reclamo desde el momento del incumplimiento por parte del proveedor.

Si del reclamo que se hizo surge que se ha cometido un delito, es obligación de la Secretaría de Comercio enviar los antecedentes que existan en el expediente a un Juez para que investigue.


      ARTICULO 49º.- Aplicación y Graduación de las Sanciones. En la aplicación y graduación de las sanciones previstas en el artículo 47 se tendrá en cuenta el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario, la posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, la reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho. Se considerará reincidente a quien, habiendo sido sancionado por una infracción a esta ley incurra en otra de similar naturaleza dentro del término de tres (3) años.


      ARTICULO 50º.- Prescripción. Las acciones y sanciones emergentes de la presente ley prescribirán en el término de tres (3) años. La prescripción se interru
mpirá por la comisión de nuevas infracciones o por el inicio de las actuaciones administrativas o judiciales.


      ARTICULO 51º.- Comisión de un Delito. Si del sumario surgiese la even-tual comisión de un delito, se remitirán las actuaciones al juez competente.





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